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Finance, Markets and Valuation Vol. 8, Num. 2 (Julio-Diciembre 2022), 19–36
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Javier Monsalve Calderón y Lizeth Cortina Candanoza 24
Mediante la Sentencia T- 628 de 2012, emanada por la Corte Constitucional,
que en sede de revisión analizó el régimen jurídico de las madres comunitarias,
encontró características propias del trabajo subordinado así como de los trabajadores
independientes, de modo que “las madres comunitarias tienen un régimen jurídico
intermedio entre el trabajo subordinado e independiente, que no raya con la
Jurisprudencia de la Corte” que a través del tiempo había sostenido que la relación
entre madres comunitarias con las entidades y asociaciones del Programa, no se
trataba de trabajo subordinado, germinando así la semilla que permitió la dignificación
del oficio y/o trabajo que vienen desarrollando las madres comunitarias, y por ende le
abrió paso junto con su familia a “tener acceso a condiciones materiales de vida digna,
al percibir una retribución económica, gozar de la seguridad social” y demás
prerrogativas establecidas en el Régimen del derecho laboral, como consecuencia de
la prestación personal de sus servicios. (Sentencia T-0628, 2012)
Por su parte, la labor de las madres sustitutas empezó a consolidarse en el año
de 1970, se formalizó en el año de 1985 y posteriormente se reglamentó a través del
“Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), mediante el cual se estableció que el hogar
sustituto no tendría derecho a reclamar remuneración alguna por el cuidado del
menor, ni por ello se configuraría una relación laboral o contractual onerosa con el
ICBF, así mismo se dispuso la asignación de un aporte mensual al hogar sustituto”, el
aporte era única y exclusivamente para la manutención y necesidades básicas del
menor, es decir, a la madre sustituta no le reconocían remuneración alguna por la
prestación de sus servicios. Posteriormente, el Código del Menor, fue derogado en su
gran mayoría por la Ley 1098 de 2006, conocido comúnmente como el Código de la
Infancia y la Adolescencia, el cual ratifica, que el aporte mensual otorgado por el ICBF
al “hogar sustituto es para atender exclusivamente los gastos del niño, niña y/o
adolescente, y que en ningún caso se establecerá relación laboral entre el ICBF y los
responsables del hogar sustituto”. (Ley 1098, 2006)
A pesar del avance normativo en el reconocimiento de una remuneración
“beca” de que trata la Ley 1607 de 2012 en su artículo 36, por la realización de la labor
de madre sustituta, artículo reglamentado por el ICBF a través de las resoluciones No.
2925 de 2013 y 3444 de 2016, se guardó silencio respecto a la forma de vinculación,
es decir, la naturaleza jurídica de las madres sustitutas para el Estado sigue en las
mismas condiciones, pues el ICBF sigue sosteniendo que no existe vínculo contractual
alguno con las madres sustitutas, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006,
debido a que dicho programa es una clara manifestación de la solidaridad y la
corresponsabilidad que recae en el Estado, la familia y la sociedad para asegurar y
restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El Congreso de la República, tramitó el proyecto de ley 127 de 2015, mediante
el cual se buscaba la formalización laboral de las madres sustitutas a través de
contratos laborales, empero lastimosamente dicho proyecto fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-451 de 2020. Las
razones de la Corte Constitucional se centraron básicamente en vicios de forma
respecto de trámites legislativos, situación que riñe con los principios constitucionales,
principios del derecho laboral y los tratados internacionales. (Proyecto de Ley 0127,
2015)
Las madres sustitutas, no fueron tenidas en cuenta en la Ley 100 de 1993, Ley
797 de 2003, Ley 599 de 1999 y Ley 1023 de 2006, someramente la ley 1187 de 2008,
dispuso que las madres sustitutas tendrían acceso al Fondo de Solidaridad Pensional,
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la misma normativa, es decir, esta